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La Habana, 27 ago.- La aplicación del Decreto-Ley 35, publicado la semana anterior, y las normas complementarias que lo acompañan, permitirá impulsar la informatización de la sociedad, concentrar las normas jurídicas y reducir la dispersión regulatoria sobre el tema, dijo este jueves Wilfredo López Rodríguez, director de Regulaciones del Ministerio de Comunicaciones.

En el programa Mesa Redonda, explicó que por primera vez Cuba tiene una norma superior que regula las telecomunicaciones y el espacio radioeléctrico con alcance para todas las personas naturales y jurídicas, y que respalda al quehacer en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Refirió que ese decreto, el cual fue aprobado en abril por el Consejo de Estado, recoge los derechos y deberes de los usuarios y proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, con respaldo de la Constitución de la República, refrendada en 2019.

Si bien las normativas dotan de derechos a los ciudadanos en el mundo digital, es también el deber de ellos evitar transmitir información ofensiva contra personas e instituciones, evitar hacer uso del lenguaje de odio y el comportamiento irresponsable en las redes digitales, acciones que en el espacio físico son reguladas, por lo que no puede impedirse su impunidad en el virtual.

Destacó también el funcionario que se incluyen, además de los derechos, los deberes del operador y proveedor de telecomunicaciones, dirigidos a respaldar los derechos de los usuarios.

El paquete de legislaciones, agregó, es coherente con la definición del Servicio Universal de Telecomunicaciones, que declara determinados servicios como un derecho de los clientes finales, independientemente de su ubicación geográfica.

El servicio telefónico fijo y móvil terrestre, el acceso a Internet, el servicio de radiodifusión sonora y de televisión, el acceso a cabinas y estaciones telefónicas públicas, el alcance gratuito a las llamadas de emergencia y la aplicación de condiciones preferenciales para personas con necesidades especiales, componen ese sistema, definido en el Decreto Ley 35.

El pronunciamiento legal y sus normas complementarias ratifican los objetivos del Gobierno cubano de contribuir al desarrollo político, económico y social mediante la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones, y promover a la par el progreso armónico y ordenado de las redes y las TIC.

López Rodríguez puntualizó que para la elaboración de las mismas se consultaron leyes de telecomunicaciones de Bolivia, España, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Venezuela, fundamentalmente.

En ese sentido, el directivo del Mincom detalló que estas leyes ya tenían tiempo aprobadas y no incorporaban elementos sobre las nuevas tecnologías y las comunicaciones, con excepción de la de España y Colombia, que aportaban más en este ámbito.

Antes de la aparición del decreto ley, la mayor de las Antillas contaba con tres decretos-leyes y ocho decretos, que si bien regulaban procesos de telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico, no abarcaban de forma general los fenómenos. (RCA)