Foto: CadenagramonteLa Habana, 22 mar.- Cuba reiteró este jueves que la aplicación de la ley Helms-Burton en su territorio es nula porque es una ley de Estados Unidos.
Carlos Fernández de Cossío, director de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, subrayó durante una conferencia de prensa que ningún país soberano que se respete permitiría su aplicación.
Aclaró el diplomático que el país antillano tiene una ley aprobada en el año 1996 que declara invalidada y sin valor alguno esa norma; por tanto, subrayó, su aplicación en Cuba es nula, no hay efecto ninguno.
La ley Helms-Burton es muy amplia y compleja, es bastante singular, dijo Fernández de Cossío, y añadió que ese decreto pretende definir cuál puede ser el comportamiento del Gobierno de Estados Unidos en un tema específico de política exterior, en este caso Cuba. Destacó que la normativa persigue varios propósitos, en primer lugar - precisó- internacionalizar el bloqueo económico y que la comunidad mundial se incorpore a esa acción, tal es así que tiene establecido que el Departamento de Estado informe al Congreso cómo se viene aplicando esa extraterritorialidad contra Cuba.
Con ella, puntualizó, Estados Unidos persigue perpetuar el bloqueo, lo codifica y establece que todas las medidas existentes más las que se incorporan con la ley, sólo pueden ser modificadas por una decisión del parlamento norteamericano.
Con esto buscaban perpetuar las restricciones y maniatar que un futuro Gobierno en Washington prefiriera buscar un acomodo de la política con la isla caribeña en interés del gobierno de Donald Trump, dijo el director de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
La ley también persigue impedir que los capitales extranjeros lleguen a la mayor de las Antillas, tratando de espantar al posible inversionista, por eso algunos aspectos tratan de castigar a los inversionistas si invierten en propiedades nacionalizadas por las autoridades cubanas a inicios de la Revolución, indicó Fernández de Cossío.
Por eso, acentuó, se basan en la falsedad de que las nacionalizaciones de 1960 eran ilegitimas e indebidas, algo que según analista definió la propia Corte Suprema de Estados Unidos a favor de la nación antillana.
La ley lo que busca es establecer una especie de programas sobre cómo sería el futuro de la isla carente totalmente de soberanía si llegara a ocurrir el derrocamiento del gobierno revolucionario, aclaró el diplomático.
En ese sentido, dijo, establece un periodo de transito que tendría un administrador puesto por Washington, un estadounidense por supuesto, que se encargaría de garantizar que se desmontara todo lo que hoy significa el sistema de justicia social, el sistema socialista en nuestro país, apuntó.
Además, aclaró, persigue una de sus ambiciones principales que es que a los reclamantes de propiedades nacionalizadas les sean devueltas o se le pague una indemnización por esas propiedades.
Todo podría ser reclamado o indemnizado. Hasta que no se produzca esto o la totalidad del pago, no podría ser levantado el bloqueo. Eso son los propósitos estadounidenses con la ley, remarcó el funcionario de la cancillería de Cuba. (Tomado de Cadenagramonte)
