Foto: CadenagramonteWashington, 21 oct.- El Gobierno de Estados Unidos notificó que interpondrá un recurso contra la suspensión al veto de viajes del presidente Donal Trump, previsto en un principio para entrar en vigor hace dos días.
La medida, tercera de su tipo tras obstáculos judiciales a las primeras, busca impedir indefinidamente la entrada de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Chad.
También prohíbe la llegada a suelo norteamericano de funcionarios gubernamentales de Venezuela y sus familiares, y de personas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC).
Sin embargo, las dos últimas naciones no están incluidas en la decisión del juez federal Theodore Chuang, del estado de Maryland, por lo cual seguirán sujetas al veto.
Chuang se concentró en los efectos dañinos para los seis primeros países mencionados y apuntó que el decreto de Trump no logró demostrar que estaba desvinculado de cualquier discriminación religiosa.
La inclusión de la RPDC y Venezuela, que no son de mayoría musulmana, no mostró de forma convincente la falta de un propósito religioso por detrás del decreto, manifestó el letrado.
Abogados del Departamento de Justicia interpusieron ante la corte federal de Maryland una breve notificación en la cual avisan que recurrirán el bloqueo ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia.
Previo al fallo de Chuang, su homólogo Derrick Watson, de Hawái, también frenó el decreto de Trump en respuesta a una demanda presentada por ese estado, una mezquita de la ciudad de Honolulu, un imán y dos residentes con familiares en los países afectados.
De acuerdo con Watson, la nueva proscripción, divulgada el 24 de septiembre último, “claramente discrimina sobre la base de la nacionalidad”.
También, agregó, “sufre los mismos problemas que su predecesora: carece de suficiente base para mantener que la entrada de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
El tercer veto de Trump sustituía al proclamado en marzo y que se puso en vigor parcialmente en junio con el fin de imposibilitar durante 120 y 90 días la entrada de refugiados y de ciudadanos, respectivamente, de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia y Sudán.
Como justificación del decreto, el jefe de la Casa Blanca apeló a motivos de seguridad, bajo el argumento de que esos países no cumplieron con demandas para cooperar con Washington en identificar y compartir información sobre posibles criminales o riesgos.
Ahora, para que la medida entre en vigor, el Gobierno deberá conseguir un fallo a su favor en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito y en el del Noveno, asentado en San Francisco, California, y responsable de evaluar los casos de Hawái. (Cadenagramonte)
