Foto: RHCLa Habana, 10 oct.- La sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de este 10 de octubre tiene gran trascendencia para la organización del poder estatal, por cuanto se elegirán los titulares de nuevas estructuras de dirección basadas en una distribución de funciones en pos de asegurar la institucionalidad. Afloran nuevos elementos, y se mantienen esencias que permiten seguir adelante con el proyecto social refrendado en la Constitución.
Juventud Rebelde, en un acercamiento esclarecedor sobre el tema, comparte varias reflexiones con Martha Prieto Valdés, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana, coordinadora de la Sección de Ciencias Sociales de la Academia de Ciencias de Cuba y vicepresidenta de la Sociedad Científica de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión de Juristas de Cuba.
—¿Por qué es importante este 10 de octubre para la sociedad cubana?
—Es importante porque se está instrumentando una redistribución de funciones entre los órganos superiores y nuevos titulares a nivel de país, una reorganización del aparato estatal con el objetivo de brindarle una mayor calidad al funcionamiento de las instituciones, para que tengan mayor eficacia.
«Nos estamos insertando en un momento de dar cumplimiento al mandato constitucional. Y es un momento en que tiene lugar una mezcla entre las nuevas generaciones y las históricas».
—¿Podríamos hablar de un cambio estructural trascendente en la manera en que se va a gobernar el país?
—Es un cambio importante. Hemos tenido una figura fuerte a través de los años. Esta figura era Jefe de Estado y Jefe de Gobierno en la misma persona, y era el Presidente del Consejo de Estado, y diputado, a lo cual debemos sumar sus méritos históricos como líder.
—Estamos hablando del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz…
—Hablamos de Fidel, y estas funciones que después las asumió el compañero Raúl. Entonces este momento es de restructuración del aparato estatal. No se abandona la idea de la unidad de poder; no se abandona la idea de la unidad de acción política, pero sí queda claro que hay que distribuir tareas y funciones; y lo que hace el texto constitucional, y es el mandato que se va a cumplir ahora, es reorganizar y redistribuir funciones de manera tal que la Asamblea Nacional se pueda concentrar en el proceso de legislación, de toma de decisiones superiores, de controlar la constitucionalidad de las disposiciones normativas.
«El Consejo de Estado pasará a tener un vínculo directo solo con la Asamblea Nacional, la presidencia de ambos órganos será la misma, habrá una mayor continuidad en la actuación de la Asamblea; y vamos a elegir a una figura que será Jefe de Estado, que no será Jefe de Gobierno —porque tendremos un Primer Ministro—, pero es una figura fuerte, por cuanto representa al Estado y dirige su política general, desempeña la jefatura suprema de las instituciones armadas, además de controlar y poder intervenir en la toma de decisiones en la esfera de la administración.
«Este es un cambio importante que posibilita el fortalecimiento de la ANPP, porque este Presidente de la República, y su Vicepresidente, tendrán que rendirle cuentas a ella, de su gestión como ejecutivo del país y de la actividad en la esfera ejecutivo-administrativa. Este Presidente será el que propondrá al Primer Ministro, y propondrá también a los gobernadores que serán electos por los delegados municipales de cada provincia.
«Este cambio va a suponer que tendremos, como lo tenemos ya en la práctica, a un titular del ejecutivo diferenciado, constante, verificando cumplimiento».
—El Primer Ministro, figura que reaparece en este tiempo y cuya designación ocurrirá posteriormente, tendrá una responsabilidad de envergadura...
—Sí, un papel muy importante en la administración y en su funcionamiento, en la instrumentación de las leyes, los decretos leyes y los decretos presidenciales; en la instrumentación de las políticas públicas, en la verificación o control de su cumplimiento, en la armonización tan necesaria entre nuestros organismos e instituciones y en garantizar que la verticalidad en la instrumentación no desconozca la necesaria coordinación de las acciones, evitando así que haya contradicciones. Será una persona que estará en función de la administración.
«Los cambios son importantes, se diferencian y redistribuyen funciones, pero insisto: no se pierde la unidad de acción política porque los responsables dan cuenta a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estado, y porque seguimos siendo un país con un solo Partido».
—Alguien pudiera pensar que estos cambios son improvisados. ¿Son el resultado de qué?
—Desde hace mucho tiempo, por lo menos nosotros en el orden del trabajo de investigación, venimos estudiando la necesidad de diferenciar funciones a los efectos de darle mayor calidad a lo que se realiza, y así posibilitar el control y la participación popular directa en la toma de decisiones. Desde 2010, incluso antes con estudios de comisiones del Partido, quedó clara la necesidad de la diferenciación de funciones, de su distribución entre los distintos órganos. Alguien decía «división»; y yo dije: «No digan esa palabra» para que no malinterpretemos, pero sí hablamos de una redistribución de funciones, de tareas.
«Además, una comisión de diputados venía estudiando este tema del perfeccionamiento del aparato estatal y de la modificación de la Constitución desde hace tiempo. Se miró a otros países, se miró al pasado, se miró el entorno, para tomar lo mejor de otras experiencias, para no calcar, porque cuando usted copia, también está importando las disfuncionalidades que puede tener ese modelo.
«Se viene trabajando desde los Lineamientos (del Partido Comunista y la Revolución) y se viene teniendo claro incluso lo concerniente a la necesidad de cambios de estructura, del funcionamiento, de diferenciar a los titulares de órganos de representación y ejecutivos administrativos a nivel local, que se constató en la experiencia de las nuevas provincias de Mayabeque y de Artemisa. Por tanto ha habido estudios sobre ello».
—Usted hablaba de la transparencia como premisa cardinal para el buen funcionamiento de la sociedad. Tal vez estos cambios ayuden a que ese estilo impregne todos los espacios.
—Tiene que impregnar, porque si no impregna estamos cortándole espacio a la participación ciudadana. Si yo no sé lo que está pasando no puedo opinar, no puedo sugerir, no puedo criticar —entendida la crítica no como socavar las bases del sistema, sino como dar mi visión, mi punto de vista, que es distinto al suyo pero que a lo mejor le ayuda a usted a mover pensamiento y usted dirá: «Tiene razón… No tiene razón», pero usted busca un argumento y piensa; o usted dirá: «Tiene razón en una parte, pero en otras no», o «Tiene razón, pero no me interesa».
«La transparencia no solamente es que el tema esté en los medios: tiene que ser que el mismo órgano socialice. Los debates en la ANPP tienen que ser públicos por mandato constitucional desde 1976. No se trata de un resumen de prensa: yo tengo derecho a saber si el diputado por el cual voté está siendo activo en la defensa de los intereses de la nación, pero también de los nuestros, porque votamos por él y tenemos que saber sobre el proceso de elaboración de las normas, sobre la toma de decisiones; si no, no podemos opinar ni aportar. Si entendemos que participación es asistencia o consenso, estamos cercenando la palabra participación.
«Participación es tomar parte. Entonces esa información, porque la hacemos a través de los medios de prensa, de los comunicadores institucionales, de las web, de los medios digitales, tiene que estar presente en todas las aristas de la vida, incluso en los procesos de elaboración de las leyes, porque si no la ley sale con mi criterio que soy parte de un grupo, que puede ser genial, pero puede haber otra persona que aporte otro criterio, otra manera de ver el fenómeno, y eso puede contribuir a la elaboración de las normas con más calidad y una visión más amplia.
«Cambios en estructuras, en dinámicas de actuación, en maneras de hacer e incluso de asumir algunas cosas; pero preservando las esencias, en pos de la realización de lo que se desea conservar y se defiende, y que se ha consagrado en la Constitución». (Tomado de RHC)
