Foto: ACNLa Habana, 20 sep.- Cuba aprobó una nueva norma, en vigor desde este martes, que precisa los procedimientos financieros, de precios, contables y tributarios aplicables en casos de desastres, los cuales permitirán hacer frente a la actual situación tras el paso del huracán Irma.
Emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), la Resolución 645 fija los pasos a seguir durante las etapas de respuesta y recuperación ante la ocurrencia de catástrofes, explicó hoy en conferencia de prensa en la capital Adalberto Carbonell, director general de Política Fiscal de ese organismo.
De acuerdo con el especialista, este instrumento legal actualiza los procedimientos establecidos hasta la fecha, y se basa fundamentalmente en las experiencias de los huracanes Sandy y Matthew, que afectaron al oriente del país en 2012 y 2016, respectivamente.
Argumentó que la resolución puntualiza cómo realizar la evaluación, certificación y contabilización de los daños y pérdidas, así como también el establecimiento de los precios de los bienes y servicios que se oferten a los damnificados.
Además, detalla el proceder para la entrega de recursos financieros dirigidos a resarcir los gastos que correspondan por las pérdidas y daños provocados, y las adecuaciones con vistas al pago de los tributos atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada municipio.
En la rueda de prensa se conoció asimismo que actualmente los Consejos de Defensa del país activan los denominados Puestos de Dirección, los cuales se crean a nivel de consejo popular y reúnen en un mismo espacio a representantes de la Vivienda, Comercio, Banco, Trabajo, Seguridad Social y Finanzas y Precios.
Lourdes Rodríguez, directora de Atención Institucional del MFP, aseguró que con la generalización de este sistema de trabajo, implementado en las localidades afectadas cuando el huracán Matthew, se busca una mayor agilidad en los trámites que deben hacer los damnificados por el meteoro.
Según recoge la Resolución 645, las evaluaciones de los daños, aprobadas por los presidentes de los Consejos de la Administración provinciales y municipales o de los Consejos de Defensa a esos propios niveles, son la base para confeccionar las valoraciones de las necesidades de la población.
Acota que los damnificados, de acuerdo con su solvencia económica, tienen como formas de pago la bonificación, en efectivo, el crédito bancario y el subsidio.
Según se informó con anterioridad, el Gobierno cubano decidió que el Presupuesto del Estado financie el 50 por ciento del precio de los materiales de la construcción que se venderán a las personas damnificadas por la destrucción total o parcial de sus viviendas.
A tono con el nuevo instrumento jurídico, los gobiernos locales también tienen la potestad de aplicar beneficios fiscales a favor de los trabajadores por cuenta propia, con carácter general o para determinadas actividades, zonas o consejos populares, y para períodos de tiempo diferenciados.
Con categorías de entre cinco y tres en la escala Saffir-Simpson, el huracán Irma recorrió la semana pasada gran parte de la costa norte cubana y dejó considerables daños, aún por cuantificar. (ACN)
