Quito, 20 may .- El polémico proyecto de ley “para desarticular la economía criminal”, propuesto por el presidente Daniel Noboa, avanza en el Legislativo de Ecuador, donde existen hoy posiciones encontradas respecto a la iniciativa legal.
Con siete votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa, integrado por miembros del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, calificó el texto que envió el Ejecutivo con carácter económico urgente.
Corresponde ahora a la Comisión de Desarrollo Económico, que está presidida por la coordinadora de la bancada de ADN, Valentina Centeno.
Varios legisladores de oposición y organizaciones sociales, alertaron que ese proyecto representa una amenaza para los derechos humanos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) señaló que esa disposición “representa una grave amenaza contra los derechos humanos, las libertades civiles y el Estado plurinacional de derechos”.
En un comunicado, la organización consideró que “lejos de responder a una verdadera urgencia económica”, el proyecto legal “constituye un intento inconstitucional por instaurar un régimen represivo, amparado en el conflicto armado interno decretado por Noboa en 2024.
La normativa plantea reformas al código penal con aumento de penas para miembros de grupos de delincuencia organizada, incluye reformas a la Ley de Régimen Tributario y a otras normativas relacionadas con la seguridad y el lavado de activos.
Además, permite el uso directo de la fuerza, la creación de zonas de seguridad sin supervisión y hasta detenciones sin orden judicial.
El texto también sugiere que los militares y policías podrían quedar fuera del régimen jurídico ordinario, e incluso recibir indultos anticipados del presidente en caso de ser procesados.
“Fortalecer un aparato represivo sin una voluntad real de enfrentar estas raíces profundas no hace más que perpetuar el ciclo de violencia, impunidad y exclusión social”, agregó.
Pese a las críticas, los asambleístas oficialistas defendieron la propuesta, entre ellos Nathaly Farinango, que la consideró necesaria ante el avance del crimen organizado.
Ecuador registró entre enero y abril de este año un total de tres mil 84 homicidios, a pesar de la militarización y otras medidas del Gobierno de Noboa.
No obstante, un análisis de la plataforma Ecuador en Llamas advirtió que esa ley, de ser aprobada, podría facilitar abusos e impunidad. (Texto y foto: Prensa Latina)
